Los once niños con edades entre dos y doce años, se verán trasladados a otros centros o serán acogidos por familias. El Ayuntamiento apoya a los trabajadores que proponen la transformación de las instalaciones en un Centro de Atención Inmediata. 

Desde la Diputación de Cádiz, aseguran que la casa de acogida se cerrará cuando termine el mes, después de que la Junta de Andalucía comunicara el pasado año que dejaría de enviar niños, y ha anunciado que recolocará a los 30 trabajadores (fijos y eventuales) en otras dependencias provinciales. Mientras los menores, responsabilidad de la Junta de Andalucía, serán trasladados a otros centros o serán acogidos por familias de acogida.

La casa de acogida infantil tiene un coste para la Diputación de Cádiz de más de tres millones de euros anuales, al que se suma la aportación de más de 420.000 que debe realizar cada año la Junta de Andalucía, según convenio, y que, según fuentes de la institución provincial, no ha abonado en los últimos dos años.

Segun los trabajadores, "la principal excusa es la económica. Los niños no son rentables, no producen, no aportan pensiones...". Por su parte, la Junta argumenta que "el modelo familiar está dando muy buenos resultados" y es la vía que pretende seguir, asegurando que "lo más importante son los menores y en ningún momento van a quedar desatendidos"

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real, Maribel Peinado asegura que los trabajadores cuentan con todo su apoyo y que el cierre de la casa de acogida puede tener un impacto muy negativo para la ciudad

Peinado considera que la Junta de Andalucía debería escuchar a los trabajadores que ya han planteado varias alternativas para el mantenimiento del servicio.

"Proponen la transformación de las instalaciones en un Centro de Atención Inmediata, que sería el único de sus características en la Bahía de Cádiz. Ahora la casa de acogida recibe a niños con un rango de edad de 18 meses a 12 años. Con las modificaciones que plantea la parte social el rango cambiaría e iría desde los 6 años a los 18", explica la alcaldesa.

La primera edil considera que mientras la Diputación y la Junta de Andalucía se enfrentan en un pulso sin sentido, los niños y los trabajadores se encuentran desesperanzados. "El cierre de esas instalaciones conlleva unas consecuencias muy negativas para Puerto Real. En primer lugar a nivel social, humano y educativo ya que no se podrá seguir atendiendo a los niños que lo necesiten. Y en segundo lugar a nivel económico, ya que los trabajadores son puertorrealeños y la ciudad perdería el avituallamiento de alimentos y servicios que la casa cuna genera".