Las Piscinas se adjudicaron a finales de 2013 con una garantía ridícula de 12.500€, de cuestionable legalidad, que facilitó la entrada de Tomás Sánchez en el Complejo, la cantidad fijada con la actual Cooperativa en 2018 fue de 964.000€.

En el pleno ordinario de este mes de septiembre del Ayuntamiento de Puerto Real, Vanessa Huerta, concejala y portavoz de EQUO Verdes, preguntó por la deuda que tiene pendiente con el consistorio el anterior adjudicatario de la piscina, la UTE ACTIVA-T WELLNESS cuyo representante es Tomás Sánchez, un señor que a principios de verano saltó a los medios de comunicación a nivel nacional como presunto estafador.

Concretamente del resultado de la liquidación del contrato se determinó que el anterior adjudicatario debía al Ayuntamiento de Puerto Real un total de 895.803,59 € que pasaron a ser 883.303,59 €, después de que se le hubiera incautado la ridícula garantía de 12.500 € que Sánchez había depositado para responder a eventualidades del contrato.

La portavoz del partido verde explica que “en la pasada legislatura se iniciaron los trámites para reclamar esta cantidad por la vía administrativa, pero al haber resultado previsiblemente infructuosa esta vía, hemos instado al Ayuntamiento a que los servicios jurídicos estudien el caso y procedan a su reclamación por la vía judicial. El tiempo pasa y no podemos arriesgarnos a que se produzca una prescripción de la deuda”.

Desde la Asamblea de EQUO Verdes Puerto Real explican que tras el análisis del expediente para la reclamación de la deuda “nos percatamos de la ridícula garantía definitiva que el Ayuntamiento a finales de 2013 exigió a Sánchez para hacerse cargo de la piscina, tan sólo 12.500€.
Por contra en la pasada legislatura cuando se adjudicó la piscina a la S.C.A cooperativa en 2018 se impuso una garantía de 964.000 €, aunque esta entidad por su naturaleza jurídica de cooperativa, tuvo que depositar una cuarta parte.

La ley exige que la garantía definitiva sea el 5% del importe de adjudicación. Calculamos que la garantía que debió exigirse a Sánchez debería haber rondado los 400.000€. Sin embargo se le exigió sólo el 5% del canon que debía pagar al Ayuntamiento. Ardid de legalidad cuestionable y que se empleó para poner alfombra roja a este presunto estafador para que se hiciera cargo del complejo de piscinas. Con el resultado del cierre del complejo que todo Puerto Real conoce y que a la postre ha supuesto un enorme perjuicio económico a la hacienda municipal”.

Desde EQUO Verdes terminan señalando que “teniendo en cuenta que por gracia del PSOE, ahora llevan el área de deportes los mismos andalucistas que en aquellas fechas cometieron semejante chapuza, es de justicia que concentren todos sus esfuerzos para que el Ayuntamiento recupere tal suma de dinero y se preocupen de que no prescriba la deuda”.